Ana Ivis Galán García

La Habana, 25 may (AIN) La participación popular en la administración de justicia es uno de los logros característicos del sistema judicial cubano, destacó hoy Vivian Aguilar, presidenta de la Sala de lo Laboral del Tribunal Supremo Popular.

Sus declaraciones tuvieron lugar durante la jornada final del VI Encuentro Internacional Justicia y Derecho 2012, que cerró hoy sus tres días de sesiones en el Palacio de Convenciones de La Habana.

En exclusiva con la AIN, la especialista se refirió al obligado carácter colegiado de los tribunales y su dimensionada composición, aspecto que está presente en todas las instancias y materias y nos distingue de otras naciones.

Comentó que la presencia de los llamados jueces legos junto a los profesionales es una realidad definida y amparada legítimamente bajo la Ley de Organización del Sistema Judicial, que adquirió rango supremo con la puesta en vigor, en 1976, de la Constitución de la República.

Para asegurar una debida selección, dijo, los jueces legos son elegidos en su comunidad, centros de trabajo o a través de la organización a la que pertenecen, son revocables y deben cumplir determinados requisitos, que van desde sus cualidades morales y prestigio, hasta un adecuado nivel educacional y su identificación con el proceso revolucionario.

Valoró la actuación de estos como importantes instrumentos en la administración de justicia, no solo por el elevado concepto que deben poseer de lo justo o lo injusto, y de lo imparcial, sino también porque a la hora de impartir justicia deben hacerlo con un enfoque humano y social.

Recordó la creación de los tribunales populares con carácter experimental desde los primeros años de la Revolución, y expresó que ello era reflejo del pensamiento martiano asumido por el Comandante en Jefe Fidel Castro, para hacer realidad la idea de que en los pueblos libres, el derecho y la administración de justicia debían ser de carácter popular.

En la sesión matutina del evento, los delegados también conocieron sobre la legislación que en Cuba regula las obligaciones de las entidades estatales y los derechos y obligaciones de los trabajadores en materia de protección e higiene del trabajo.

Igualmente, se profundizó en la vigente Ley de Seguridad Social, en la que se tratan, entre otros aspectos, el tema de los accidentes laborales y las enfermedades profesionales; y se insistió en el papel de las administraciones y las organizaciones sindicales en esta materia.