Roberto Pérez Betancourt

 Servicio Especial de la AIN

Este 12 de septiembre se cumplen 11 años de cinco injusticias inéditas en la historia procesal de Estados Unidos contra seres humanos, y de que al pueblo de ese país se le ha negado conocer la verdad de este gran escándalo de opresión política.

Gerardo Hernández, Ramón Labañino, Antonio Guerrero, Fernando González y René González fueron detenidos en la ciudad de Miami en la madrugada de aquel sábado de 1998 y enviados a cárceles de castigo. Se iniciaba así la historia premeditada de prevaricación y ensañamiento.

El delito imputado, reconocido por fiscales y jueces, era el haber captado y transmitido a Cuba información sobre las actividades criminales que grupos terroristas de origen cubano asentados en Miami ejecutan impunemente contra la Isla, incluso dentro de los propios Estados Unidos y en otras naciones.

Desde la radicación del proceso en 1998 se evidenció la intención deliberada del gobierno de impedir que la justicia aflorara.

La necesidad de Cuba de proteger a su pueblo de criminales que gozan de total impunidad en EE.UU., fue obviada y refutada por quienes debieran haber defendido la ley de su país.

Esa legislación precisa que quien actúa para prevenir un daño mayor, estará exento de cualquier penalidad, porque la sociedad reconoce la necesidad, incluso los beneficios, de ejecutar esa acción.

A este derecho de necesidad han acudido recurrentemente los propios gobiernos estadounidenses para instrumentar las peculiaridades de su lucha "antiterrorista", incluidas guerras de agresión contra otros países.

Pero en el caso de Cuba se le ha negado el simple derecho de informarse sobre cómo, cuándo y dónde será agredido su pueblo.

El caso presenta los más sensacionalistas detalles para una historia en la prensa norteamericana, hasta para un serial de televisión de costa a costa.

A pesar de esa realidad, solo en Miami el caso de los Cinco recibe gran publicidad, pero parcializada, conforme a la influencia de los grupos terroristas, en abierta confabulación con las autoridades norteamericanas. Ni siquiera una línea sobre 17 meses que los detenidos permanecieron aislados en "el hueco" de sus prisiones.

Fuera de esa localidad, desde el principio la gran prensa se plegó a las manipulaciones políticas oficiales y desconoce la historia, con lo cual ha faltado al deber elemental de informar con objetividad e impedido que la sociedad norteamericana adquiera conciencia de esta injusticia.

La mala conducta de la Fiscalía, de prevaricación real, fue uno de los factores principales en los cuales se basó la decisión unánime del panel del Tribunal de Apelaciones, en 2005, para anular las condenas de los Cinco y ordenar un nuevo juicio. (Court of Appeals for the Eleventh Circuit, No. 01-17176, 03-11087).

Esa histórica decisión fue posteriormente anulada por la mayoría del tribunal bajo presión del entonces Fiscal General, Alberto Gonzáles, en acción contraria a la que supondría la práctica corriente del Derecho de los Estados Unidos, como ha subrayado Ricardo Alarcón, presidente del Parlamento cubano.

En los 11 años transcurridos se han sucedido apelaciones y reclamos de prestigiosas personalidades mundiales a favor de los Cinco, incluso ante la Corte Suprema de Estados Unidos, los cuales han sido desoídos.

Obviamente, la mala intención política del gobierno de EE.UU. sigue pesando sobre jueces y magistrados.

El 13 de octubre próximo se producirá una vista de resentencia en los casos de Antonio Guerrero, Ramón Labañino y Fernando González, en la propia Miami. Será otro ejercicio más dentro del marco de la jurisprudencia estadounidense.

Mientras tanto, en ciudades y pueblos de Estados Unidos, y allende las fronteras de ese país, cientos de comités de activistas en pro de la libertad de los Cinco prosiguen esfuerzos por hacer trascender la verdad de medios alternativos, en mítines y conferencias.