Roberto Pérez Betancourt

La Habana, 29 may (AIN) Manipulaciones de la Fiscalía de EE.UU. tratan de impedir que la Corte Suprema conozca el caso de Los Cinco cubanos antiterroristas, constataron hoy expertos en el programa radiotelevisado Mesa Redonda.

Ricardo Alarcón, presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular (Parlamento), precisó que son los representantes del Gobierno de Estados Unidos quienes han presentado el reclamo para entorpecer a la justicia.

Antonio Guerrero, Fernando González, Gerardo Hernández, Ramón Labañino y René González han sido víctimas de la mala intención política del Gobierno estadounidense, en manifiesta aplicación de una doble moral antiterrorista, que protege a criminales en su territorio, como Luis Posada Carriles.

El Presidente del Parlamento cubano abundó en detalles de las contradicciones evidentes por parte del Gobierno y los tribunales; las manipulaciones de pruebas y las mentiras en la conducta de la Fiscalía, así como en dictámenes de algunos jueces, mientras otros han argumentado bien la inocencia de los acusados, como hizo la señora Crabish.

Sobre la perspectiva del caso de Los Cinco, Alarcón estimó que los jueces del Supremo no necesitarían demasiado tiempo para decidir si lo revisan, y opinó que deben de hacerlo alrededor del 15 de junio.

Retirar las acusaciones falsas que presentó el gobierno de EE.UU. es lo que procede para que concluya todo el proceso de Los Cinco, y el presidente de Estados Unidos puede hacerlo, afirmó Alarcón.

Recordó que la Fiscalía estadounidense retiró en mayo las acusaciones contra dos espías reales a favor del estado de Israel, lo que demuestra que sí se puede por parte de Obama.

Subrayó Alarcón que no se trata de la mala conducta de un muchacho, sino de un gobierno y de un sistema judicial en el ejercicio de sus funciones, algo que se llama prevaricación —calificó—, pues se ha cometido un crimen de prevaricato o incumplimiento malicioso o por ignorancia culpable de las funciones públicas que se desempeñan.

Prevaricación también quiere decir injusticia dolosa o culposa de un juez o magistrados, aclaró.

Añadió que en ambos casos se aplican esas acepciones, desde el día mismo del arresto de Los Cinco hasta el viernes anterior, cuando el gobierno de EE.UU. presentó su escrito de oposición a que la Corte Suprema conozca del caso.

Alarcón leyó parte del documento presentado por la Fiscalía federal, la que insiste en cargos que antes la Corte de Apelaciones de Atlanta decidió anular junto con la sentencia que dictó contra algunos presos.

Recordó que los magistrados de apelaciones declararon que las condenas habían sido erróneas, al no haberse encontrado por la Corte que se hubiera reunido o transmitido información secreta, lo que sigue siendo ignorado por el Gobierno.

La Corte Suprema estadounidense debe decidir si admite o no la revisión de los casos que le fueron presentados por los abogados de la defensa, los cuales han sido avalados por 12 Amicus Curiae signados por 10 premios Nobel y otras altas personalidades cuyo interés es contribuir a la mejor comprensión de las arbitrariedades cometidas.

Informó Alarcón que la réplica de los abogados de la defensa al escrito del Gobierno fue presentada el miércoles último en 10 páginas en las cuales se enfatiza que se trata del único juicio en la historia condenado por Naciones Unidas, hecho que el Gobierno estadounidense ignora al igual que hace con la docena de Amicus Curiae.

Añade que el número de Amicus supera al de cualquier otro caso anterior sometido al Supremo, y aborda cuatro argumentos fundamentales.

Uno de ellos trata sobre la discriminación racial a que se sometió la selección del jurado que actuó en el juicio primario contra Los Cinco, lo cual explicó.

Otra cuestión es la sede del juicio, impugnada en su momento por la defensa con razones suficientes para evidenciar la probabilidad de parcialidad, cuando en Miami estaba fresca la experiencia del niño Elián González, secuestrado por elementos mafiosos asentados en el sur de la Florida y devuelto finalmente a su padre en Cuba.

También los defensores sostienen lo que es obvio, indicó Alarcón: No hay prueba alguna de que Gerardo Hernández haya tenido que ver con los acontecimientos que condujeron al incidente con avionetas que sobrevolaron el espacio cubano, lo que incluso fue admitido documentalmente por el propio Gobierno estadounidense en mayo de 2001.

No obstante, Gerardo es la única persona en el planeta que está cumpliendo una condena a perpetuidad por algo de lo que no fue acusado cuando fue declarado culpable. Es esta la mejor prueba de que la sede de aquel juicio era inadmisible, porque solo un jurado escogido en Miami pudo llegar a tan absurdo fallo, precisó.

El cuarto elemento explicado por la defensa al Supremo trata de un acto de discriminación, pues la corte de apelaciones decidió antes anular la sentencia contra Ramón y Antonio, pero no lo hizo en relación con Gerardo, a quien increíblemente le ratificó dos cadenas perpetuas.

Está demostrado que las alegaciones de condena eran falsas. El cargo dos de espionaje, la corte de Apelaciones de Atlanta llegó a la conclusión de que no existió, pues no hubo transmisión de información secreta.

Mostró Alarcón una carta del ex gobernador de Puerto Rico dirigida en diciembre 15 de 2008 a Barack Obama, presidente electo de EE.UU., en la que solicita que el Tribunal Supremo investigue el asesinato de Carlos Muñiz Varela, ocurrido hace 30 años.

Precisa la misiva que, a pesar de que el Buró Federal de Investigaciones posee pruebas que facilitarían el enjuiciamiento de los culpables, no las ha suministrado, y menciona nombres de los criminales.

Alarcón y el abogado José Pertierra, quien representa a Venezuela en el reclamo de extradición del terrorista Luis Posada Carriles, reiteraron también la autoridad del presidente Obama para actuar conforme a la ley y la justicia, y asumir la rectificación moral de EE.UU. por haber instigado al terror durante todos los años transcurridos.