Roberto Pérez Betancourt

 Servicio Especial de la AIN

La negativa de la Corte Suprema de Estados Unidos a revisar el caso de Los Cinco antiterroristas cubanos que cumplen injusta prisión, ha permitido constatar verdades políticas que impulsan a duplicar la lucha social para convertir reveses en victorias.

Tras casi 11 años de prisión inmerecida, Antonio Guerrero, Fernando González, Gerardo Hernández, Ramón Labañino y René González siguen siendo víctimas de la manipulación del poder mafioso-norteamericano, empeñado en prolongar su sufrimiento y utilizarlo como medio de chantaje.

La primera enseñanza que se desprende de esa realidad es impedir que la soberbia ejercida por el poder imperial nuble el razonamiento de quienes la padecen.

Como acaban de subrayar en declaraciones públicas Alicia Jrapko, Gloria La Riva y Andrés Gómez, importantes líderes de movimientos de solidaridad en EE.UU., la movilización social y política activa en pro de la liberación de Los Cinco es el arma fundamental para obligar a razonar a quienes siguen obsesionados en negar justicia.

La Corte Suprema no ha hecho más que traducir la voluntad del gobierno de Estados Unidos. ¿Quieren utilizar la libertad de Los Cinco como arma de chantaje contra Cuba? ¿Pretenden acumular municiones para doblegar la entereza de principios del gobierno y pueblo cubanos?

Quienes así piensan y actúan, obviamente no han aprendido las lecciones de la historia. Por eso la negativa de la Corte Suprema, a pesar de todos los avales imparciales de carácter jurídico y político con que contaba la revisión, es prueba inequívoca de la mentira que encierra la división de poderes en la llamada democracia burguesa: Puros fuegos artificiales.

De ahí hacia abajo, consideran a los demás seres humanos como objetos manipulables en función siempre de sus intereses.

Ha sido así en el caso de Los Cinco y también en el de muchas otras víctimas del poder imperial en todo el mundo.

Lo prueban, de hecho, cuando liberan a verdaderos espías dentro de Estados Unidos, después de que fueron detectados, juzgados y sancionados, en atención obvia a compromisos políticos con los patrocinadores del espionaje, en tanto Los Cinco, a quienes nunca les han probado tales infundios, siguen sometidos a prisión inmerecida.

Como ha expresado Ricardo Alarcón, presidente del Parlamento cubano, la respuesta debe ser multiplicar la exigencia al gobierno encabezado por Barack Obama para hacer lo que tiene que hacer: sencillamente poner en libertad a Cinco personas que nunca debieron estar en prisión.

La injusticia manifiesta y probada ha de servir de combustible impulsor de acciones sociales, políticas, públicas y multitudinarias en el corazón del imperio.