Roberto Pérez Betancourt

 Servicio Especial de la AIN

El presidente de Estados Unidos puede terminar cuando quiera el injusto castigo que desde hace más de 10 años el gobierno de ese país inflige a cinco antiterroristas cubanos.

Esta observación fue hecha recientemente por Ricardo Alarcón, presidente del Parlamento cubano. Se trata de una realidad inocultable: si el mandatario estadounidense quiere, puede ordenar la liberación de los cubanos y acabar con la injusticia premeditada de sus antecesores en la Casa Blanca.

¿Por qué debería hacerlo? En primer lugar porque Obama prometió ejercitar una política de cambios respecto de la mala conducta que caracterizó la ejecutoria de W. Bush en el poder ejecutivo, y la pertinaz injusticia contra Antonio Guerrero, Fernando González, Gerardo Hernández, Ramón Labañino y René González es prueba inequívoca de ello.

Además, porque existen pruebas documentales y testimoniales, de dominio público, de que la Fiscalía federal, por encargo superior, falseó datos, mintió, ocultó pruebas, discriminó y negó a los defensores el acceso a evidencias, y durante 10 años ha maniobrado con argucias leguleyas para impedir que la verdad aflore.

También porque no existe evidencia alguna sobre la imputación de "espías" con que se trata de tildar a los cubanos, y son claras las contradicciones entre el actuar de los fiscales y jueces.

Adicionalmente, porque la doble moral del gobierno de EE.UU. respecto del terrorismo rebrota cuando pone en libertad a dos verdaderos espías de su aliado gobierno de Israel, y mantiene en libertad a connotados asesinos en Miami, al tiempo que trata de impedir que la Corte Suprema reanalice el caso de Los Cinco.

La actitud sostenida por la actual administración incurre en prevaricación, lo cual significa el incumplimiento malicioso o por ignorancia culpable de las funciones públicas que se desempeñan. También es injusticia dolosa o culposa de un juez o magistrados, recuerda Alarcón.

Se espera que la Corte Suprema de EE.UU. se pronuncie a mediados de junio sobre su decisión de atender o no la revisión del caso de Los Cinco.

Para su análisis disponen los altos magistrados de las fundamentadas razones expuestas por los abogados, además de 12 Amicus Curiae signados por 10 premios Nobel, prestigiosos juristas internacionales y parlamentarios del mundo. Tienen también los amañados descargos de la Fiscalía y el razonamiento de réplica de la defensa.