Parecería que los "cabeza rapadas", los de las calles y los que ostentan cargos representativos, ganaron la batalla en Europa. La xenofobia y el racismo, estimulados por los que quieren presentar los males sociales y laborales como derivados de la masiva llegada de extranjeros, sentó reales bases con fuerza de ley.

El Parlamento Europeo, a cuenta de ultraconservadores, manipuladores y gente violenta, y en medio de la división de la izquierda sobre la medida, aprobó finalmente la llamada "directiva de retorno", que asume medidas extremas contra los inmigrantes indocumentados.

El legajo establece, entre otras disposiciones punitivas, detención para los extranjeros sin papeles aunque no medie orden judicial, prisión de hasta 18 meses, y deportación con la advertencia de que no podrán viajar a Europa en cinco años so pena de ser castigados severamente. No escapan menores ni féminas.

La Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) aseguró de inmediato que varios puntos del texto son incompatibles con las obligaciones de los Estados miembros de la Unión Europea, pero lo cierto es que las contadas objeciones en el Parlamento regional no fueron tomadas en cuenta.

Por su parte, el movimiento SOS Racisme calificó de vergonzosa la adopción de la directiva, que "atenta contra los ideales de libertad y convivencia que portan los padres de Europa".

"Es inadmisible que se decida el encierro de personas vulnerables, como menores extranjeros o extranjeros enfermos, con el único motivo de que están en situación irregular a la vista de la legislación de los países de acogida", recalcó en texto de esa entidad.

La directiva recibió 367 votos a favor, 206 en contra y 109 abstenciones, y salió adelante gracias al respaldo del Partido Popular Europeo, los liberales y la derecha nacionalista.

La reacción no se hizo esperar. El presidente boliviano, Evo Morales, aún antes de la votación, instó a los eurodiputados a no asumir semejante engendro, que desconoce las verdaderas causas de la emigración tercermundista, es decir, la explotación ancestral por Occidente del resto de las naciones del orbe.

Por su parte Ecuador reaccionó oficialmente con una agria condena, en tanto parlamentarios peruanos dijeron que no menos de 200 mil compatriotas pueden ser apresados y devueltos desde el Viejo Continente, donde sobreviven asumiendo los trabajos que los locales no quieren desempeñar.