Washington, 10 ene.- La organización femenina CODEPINK exigirá durante tres días al gobierno del presidente George W. Bush que incluya a Luis Posada Carriles en el listado de los terroristas más buscados por el Buró Federal de Investigaciones (FBI), reportó PL.

De acuerdo con Medea Benjamin, codirectora de la agrupación, también solicitarán la extradición del criminal a Venezuela, cuya justicia lo reclama por la voladura en pleno vuelo de una nave de Cubana de Aviación en 1976, con 73 personas a bordo.

El pedido será parte de la campaña "Most Wanted" (El más buscado) a promover desde el sábado próximo por CODEPINK, una de las organizaciones que más se ha opuesto a la invasión a Iraq y a la llamada guerra contra el terrorismo pregonada por Bush.

"Es inexplicable que el gobierno ande a la caza de terroristas que están escondidos a miles de millas de Estados Unidos, cuando tiene a uno de los más connotados viviendo libremente en Miami", afirmó Benjamin.

CODEPINK considera que a la campaña publicitaria puesta en vigor por el FBI en 20 grandes ciudades de Estados Unidos para identificar a criminales y terroristas, carece del nombre de Posada Carriles, puesto en libertad por la justicia norteamericana a pesar de un abultado expediente delictivo.

La campaña de la organización, la cual se extenderá hasta el lunes, incluye la recogida de firmas entre la población de Miami para avalar la solicitud contra el criminal ante las autoridades estadounidenses.

Durante todo el domingo tendrá lugar una vigilia en un sitio que aún está por determinar, y al siguiente día está prevista una conferencia de prensa frente al edificio del FBI en esa ciudad.

Como colofón, los participantes realizarán una protesta ante las oficinas de la representante Ileana Ros-Lehtinen, una de las congresistas que más ha incentivado las acciones hostiles de Washington contra la isla.

CODEPINK está integrada por unas 150 mil personas, organizadas en en más de 250 grupos en ciudades de Estados Unidos y otros países.

Posada Carriles fue liberado el 19 de abril de 2007, luego de que la jueza Katherine Cardone dictaminó su excarcelación, amparada por una fianza corporativa de 250 mil dólares.

La orden resultó contradictoria, ya que en su alegato Cardone reconoció que el delincuente de origen cubano participó en "algunos de los más infames acontecimientos del siglo XX en la vida política de Centroamérica".