Por vez primera la interrogante está abierta a debate en una subcomisión del Congreso de Estados Unidos, ante miradas y oídos atentos de representantes, periodistas, funcionarios, abogados, fiscales y cuantos allí deseen esclarecer dudas: ¿Es o no Posada Carriles un sangriento criminal terrorista?

La respuesta afirmativa, avalada por evidencias irrefutables, confirmaría oficialmente la complicidad del gobierno estadounidense de George W. Bush con un individuo al que se le atribuyen actos genocidas, varios de ellos explícitamente vinculados con la Agencia Central de Inteligencia de EE.UU., a la que sirvió durante más de 25 años.

La doble moral "antiterrorista" del mandatario norteamericano quedó expuesta una vez más en primera plana, con inocultables agravantes de cinismo.

Una conclusión negativa serviría para tender un manto protector sobre alguien, quien en sus 79 años de edad arrastra tras de sí epítetos malsonantes en varios idiomas, consecuencia del horror que decenas de testigos afirman ha causado. Para observadores imparciales sería esto último una verdadera misión imposible, más allá de la ficción.

La indagatoria tiene lugar en el Subcomité de Organismos Internacionales, Derechos Humanos y Supervisión, bajo el tema Garantías diplomáticas sobre la tortura: un estudio de por qué algunos son aceptados y otros rechazados, y se lleva a cabo por iniciativa de su Presidente, el representante demócrata Bill Delahunt, quien anunció la continuación de esas sesiones.

Presente allí, cual tribuno confiado en la infalibilidad de su sistema, Arturo Hernández, abogado de Posada, se asoma a las páginas del diario El Nuevo Herald de Miami y jura que su defendido no es terrorista, sino "luchador por la democracia".

Sobre los documentos desclasificados de la CIA y el FBI que afirman lo contrario, simplemente dice el letrado que se basan en rumores.

Más allá de opiniones y adjetivos, los hechos recopilados en documentos y en la memoria viva de testigos desmienten al jurista y dan la razón a Delahunt, cuando asegura la existencia de "fuertes pruebas" que implican a Posada y se siente "perplejo" ante la renuencia a invocar la Ley Patriota y arrestar al terrorista.

La administración del presidente Bush, agregó, se ha declarado "infatigable" en la persecución de los terroristas, "excepto en el caso de Luis Posada Carriles".

Los datos que siguen aparecen en el abultado expediente de Posada, radicado en la ciudad de Miami, junto a su amigo de correrías y bombazos, Orlando Bosch, y otros viejos agentes de la CIA, cobijados allí bajo la misma sombrilla que les abren los Bush.

El 25 de septiembre último trascendió un informe de la Secretaria de Justicia de EE.UU., que resumió parte del historial terrorista de Posada, basado en hechos registrados, y afirmó su participación en la explosión en pleno vuelo de un avión de Cubana, que causó la muerte a 73 personas en 1976.

Es destacable que los propios abogados defensores reclamaron en abril de este año que su cliente seguía siendo agente de la CIA cuando planificó—junto a Bosch--, y fue ejecutada la explosión de la nave aérea cubana, "detalle" que utilizan como parte del chantaje para evitar que lo procesen en EE.UU. o lo extraditen a Venezuela.

Ese hecho aparece publicado por el archivo electrónico de cortes federales (PACER) el 30 de abril y corresponde a una moción de la defensa de Posada.

También el resumen cita atentados con bombas en hoteles de La Habana en 1997 y el complot de Panamá para asesinar al Presidente Fidel Castro en el año 2000, hecho que llevó a la cárcel al propio mafioso y a varios de sus cómplices, juzgados, sancionados e indultados ilegalmente después por la ex presidenta de Panamá, Mireya Moscoso.

Quien desee verificar documentos comprobatorios de los hechos descritos, y otros cometidos en territorio de EE.UU., que explicitan la criminalidad de Posada, puede consultar el Archivo de Seguridad Nacional, Instituto de investigación y biblioteca particular en la Universidad George Washington, que ha revelado los escritos desclasificados de la CIA y el FBI.

También están disponibles las pruebas contenidas en el expediente presentado por el gobierno de Venezuela para que Washington extradite a Posada, y este responda de hechos criminales documentados que cometió en ese país durante su labor al frente de la policía política (DISIP), en la década del 80, y la evasión de una cárcel donde aguardaba sentencia por el atentado del avión cubano.