La Habana, 30 may (AIN) Como era de esperar, W. Bush decidió que el terrorista Luis Posada Carriles no pagará por sus crímenes, tan siniestros como los del 11 de septiembre del 2001, como recompensa por sus "servicios prestados" a la CIA y a la fobia de la Casa Blanca contra la Revolución cubana.

En comentario que publica hoy Granma con el título: Tradición familiar del clan Bush, el diario recuerda que el actual Gobierno de EE.UU. erige cárceles internacionales, incluso secretas, reniega de convenios internacionales para juzgar sin garantías procesales a sus cautivos de la guerra antiterrorista, pero da cubil a connotados asesinos de ciudadanos de Cuba y otras naciones.

Añade que Orlando Bosch, Posada Carriles, Pedro Remón, Guillermo Novo Sampoll y Gaspar Jiménez Escobedo, entre otros, tienen sus manos manchadas de sangre sin que la justicia norteamericana, y mucho menos la actual administración, los lleven al banquillo de los acusados por sus crímenes de lesa humanidad.

Quedan impunes así los asesinos de Sergio Pérez Castillo, funcionario cubano que perdió la vida en el bombazo que destruyó, el 3 de abril de 1972, el piso 12 del edificio de oficinas de la Misión Comercial de la Isla en Montreal.

Granma indica que un documento del FBI, emitido el 16 de agosto de 1978, consigna: "En junio de 1974 (Orlando) Bosch admitió haber enviado paquetes bombas a las embajadas de Cuba en Lima, Perú; Madrid, España; Ottawa, Canadá y Buenos Aires, Argentina".

También el 9 de agosto de 1976 secuestraron, torturaron y desaparecieron a Jesús Cejas Arias y Crescencio Galañena Hernández, acreditados en la Embajada de Cuba en Buenos Aires.

Eran los tiempos de la criminal organización llamada (CORU), fundada por Bosch, Posada Carriles y otros secuaces, que en ese propio año ejecutaron decenas de acciones terroristas contra entidades cubanas y de otros países latinoamericanos y europeos que mantenían relaciones con Cuba.