Por Ángel Rodríguez Álvarez

Con la liberación del terrorista internacional Luis Posada Carriles, la Casa Blanca puede ser calificada, más allá de las agresiones a Afganistán e Iraq, en contumaz violadora de disposiciones legales norteamericanas y de varias leyes, resoluciones y convenios internacionales sobre esta materia.

Comencemos por lo interno. En primer lugar, la víctima es la tan publicitada y recurrida Ley Patriota, una de las principales medidas adoptadas por Washington tras los atentados del 11.9. y cuyo contenido extremo llevó a Bush a proclamar que " quien proteja a un terrorista, quien alimente a un terrorista, es tan terrorista como él".

En el plano internacional, EE.UU. se ha situado a la cabeza de quienes desconocen olímpicamente las normas que garantizan la convivencia organizada y pacífica de las naciones del orbe, y valga el "mérito" no solo por los torturados de Abu Grahib y Guantánamo y los secuestrados en cárceles clandestinas regadas por Europa.

Esa condición es merecida, entre otros incumplimientos, como veremos, por "ignorar" el Convenio sobre extradición suscrito con Venezuela en 1922, en virtud del cual la Unión está obligada a enviar allí al asesino para ser juzgado por la muerte de las 73 personas a bordo del avión cubano, siniestrado por Posada y sus mercenarios, el seis de octubre de 1976, frente a las costas de Barbados.

Pero también Bush ha convertido en papel desechable el Convenio de Montreal para la Represión de Actos Ilícitos contra la Seguridad de la Aviación Civil, aprobado por la ONU en 1971 y en vigor desde enero de 1973.

Hay más. El gobierno estadounidense olvidó sus obligaciones con el   Convenio Internacional para la Represión de los Atentados Terroristas cometidos con Bombas, discutido detenidamente y aprobado de manera unánime en la Asamblea General de Naciones Unidas, y puesto en vigor en 2001 apenas cuatro meses antes del derribo de las Torres Gemelas.

¿Y qué decir de la Resolución 1371 del Consejo de Seguridad del máximo organismo internacional, aprobada a instancias de la Casa Blanca, solo 17 días después de que el World Trade Center fuera derribado con sus casi tres mil víctimas?

Todos los Convenios y Resoluciones citados establecen las más severas condenas al terrorismo, obligan a las naciones a la adopción de medidas internas y de cooperación internacional para combatir el

flagelo y tienen como figura jurídica común la extradición de los autores de tales episodios, para ser juzgados en el país que así lo solicite.

De ese modo el país más poderoso del planeta, con un gigantesco aparato de inteligencia y un presupuesto multimillonario para responder a su autoproclamado liderazgo en la batalla mundial contra el terrorismo, se burla de los deseos y vocación pacifistas de la humanidad.

Después de eso, ¿podrá alguien creer en la voluntad y sinceridad expresadas en las constantes diatribas de Bush, y de la veracidad de sus listas de naciones terroristas entre las que, para colmo, Estados Unidos no se incluye?