Al Departamento de Justicia de la
administración de George W. Bush le salió el tiro por la culata, como reza un viejo
adagio, y de hecho la decisión de la señora Kathleen Cardone en el caso contra Luis
Posada Carriles lo ha sentado en el banquillo de acusados en el Congreso norteamericano.
"Además de cometer fraude, engaño y manipulación, este
Tribunal considera que la táctica del Gobierno en este caso es tan abiertamente
sorprendente y tan indignante que viola el sentido universal de la justicia", expresa
textualmente la resolución del ocho de mayo último de la Jueza de distrito de EE.UU.
Lo cierto es que Alberto Gonzales, fiscal general, no sabe qué
contestar a las indagatorias del congresista demócrata William Delahunt sobre el
escándalo que ha significado la liberación del connotado terrorista internacional Luis
Posada Carriles.
Y es que a partir del fallo de Cardone, políticos y prensa
estadounidense comienzan a prestar más atención a la clara evidencia de doble moral en
"política sobre terrorismo" de la administración Bush, sorprendida en su
malsana intención de ignorar los crímenes probados del sujeto.
El análisis del Tribunal sobre los procedimientos indagatorios y la
entrevista a que fue sometido Posada Carriles por entrada ilegal a EE.UU., demuestran que
desde el inicio el Gobierno ha tratado de rehuir su responsabilidad moral y legal.
Así lo dedujo el Tribunal luego de cotejar antecedentes procesales
en otros casos seguidos contra inmigrantes ilegales, habida cuenta de que la
jurisprudencia estadounidense se apoya en esos recursos referenciales para adoptar sus
dictámenes.
Entre los hechos increíbles que comprobó la Jueza aparecen los
defectos técnicos que tornan inservible la grabación en formato audiovisual a Posada
Carriles durante la entrevista a que lo sometió Susana Bolaños, oficial de adjudicación
de los Servicios de Ciudadanía e Inmigración, el 26 de abril de 2006.
La Jueza acotó textualmente: "En esta entrevista participaron
más letrados que en la mayoría de los juicios de lo penal celebrados ante este Tribunal.
Curiosamente, aunque Bolaños se refiere al hecho de que habían grabado el segundo día
de la entrevista de naturalización, ahora ella declara que no se puede utilizar el video
porque el equipo tuvo fallos de funcionamiento, algo que según su experiencia ocurre por
primera vez."
Basándose en un conjunto de detalles indagatorios y procesales que
cita en su dictamen, el Tribunal declara "sospechosa la
actuación del
Departamento de Justicia", al que califica de "brazo
ejecutor del
Gobierno"
Para que no quepan dudas acerca de la apreciación sobre las
intenciones manipuladoras del Gobierno, en las conclusiones del Tribunal se establece:
"El tema de este caso no es, como han afirmado algunos, el
terrorismo. Es el fraude de inmigración. El terrorismo, y la determinación de si se debe
definir a un individuo como terrorista o no, caen dentro del criterio competente del poder
ejecutivo. No son parte de las atribuciones de este Tribunal."
Obviamente, el tema de juicio no podía ser terrorismo, porque el
Gobierno en ningún momento acusó a Posada de terrorista -como hubiera sido su deber- y
pretendió sacudirse la responsabilidad con esa estratagema pueril, que ha quedado al
descubierto para escarnio, una vez más, de la administración Bush.
Se aprecia aún más el escándalo en la precisión de la jueza
Cardone, cuando recuerda que un inculpado típico declarado culpable de los siete cargos
que enfrenta en estos momentos el acusado por fraude inmigratorio recibiría una sentencia
máxima de seis a doce meses, según los Lineamientos para la Aplicación de Sentencias de
los Estados Unidos.
Y añade: "Además, lo más probable es que cualquier período
de reclusión a que estuviera sometido ese acusado en una prisión federal haría que este
cumpliera los requisitos definidos para el tiempo de cárcel o, cuando menos, para la
libertad condicional."
Ahí está el meollo del engaño: La Casa Blanca pretendía zafarse
la responsabilidad de soltar a Posada Carriles y obviar sus verdaderos crímenes,
utilizando el Tribunal de la jueza Cardone.
Pero a esa clara intencionalidad manipuladora, el Tribunal responde
que "no pasará por alto la conducta inapropiada del Gobierno porque el acusado sea
una papa caliente política. A este Tribunal no le concierne la política sino la
preservación de la justicia penal."
Y esa justicia no llega todavía en el caso de Posada Carriles ni
para las violaciones sistemáticas en las que el propio Gobierno estadounidense ha estado
incurriendo sobre las leyes que este hizo aprobar para, presuntamente, combatir el
terrorismo.
Ciertamente, el tiro le salió por la culata al mandatario W. Bush y
ahora está expuesto al escrutinio del Congreso y de la opinión pública por haber
incurrido en prevaricación y otros delitos. ¿Dejarán pasar estas claras evidencias
sustentadas en el criterio de una Magistrada?
Todo indica que el Congreso de mayorìa demòcratra se ha tomado en
serio el asunto y al menos en la primera comparecencia del Fiscal General, este se vio
obligado a una tímida defensa que no convenció a nadie.
Al abordar esa interrogante, los propios congresistas y la gran
prensa pueden evidenciar muchas aristas de su propia apreciación "del sentido
universal de la justicia", como recuerda la declaración de la jueza Cardone.
